| §36.
            STS de 13 de septiembre de 2000. El
            Consejo General del Poder Judicial adoptó el 18 de junio de 1997
            una instrucción sobre la remisión de las resoluciones judiciales
            al Consejo General del Poder Judicial para su recopilación y
            tratamiento por parte del Centro de Documentación Judicial.
            Prohibición de entrega de copias de resoluciones judiciales para su
            recopilación y difusión | 
        
          | §37.
            STS de 14 de septiembre de 2000. ERROR
            JUDICIAL. Doctrina general. El error se refiere al alcance de las
            lesiones y a la cuantía de la indemnización | 
        
          | §38.
            STS de 15 de septiembre de 2000.
             ERROR
            JUDICIAL. Es
            imputable tan sólo a la resolución que resulte firme; no permite
            una revisión parcial e interesada de la valoración probatoria
            efectuada por el órgano jurisdiccional competente | 
        
          | §39.
            STS de 21 de septiembre de 2000. COLEGIOS
            DE ABOGADOS. Supresión del turno de oficio. Nulidad. El Abogado del
            Estado interpuso recurso contencioso-administrativo contra acuerdo
            del Colegio de Abogados de Valencia sobre supresión del turno de
            oficio. El recurso es estimado | 
        
          | §40.
            STS de 7 de 
            octubre de 
            2000. RESPONSABILIDAD 
            PATRIMONIAL DEL ESTADO JUEZ  por  funcionamiento 
            anormal  de  la  Administración  de 
            Justicia.  Dilaciones  indebidas | 
        
          | §41.
            STS de 7 de octubre de 2000. DELITOS
            DE COACCION. Consumación. Bien jurídico protegido por la norma:
            libertad de obrar individual. Uso de cualquier forma de violencia
            para obtener el cobro de los honorarios profesionales. Omisión de
            conceder la venia a otro letrado y retención del mandamiento de
            pago en favor de un cliente. Consideración como falta | 
        
          | §42.
            STS de 10 de octubre de 2000. JUZGADOS
            Y TRIBUNALES. Funcionamiento. Constitución en localidad distinta de
            la de su sede. Artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder
            Judicial. Acuerdo de la Junta Sectorial de los Jueces de lo Social
            de Alicante denegando la petición de que se reanude la celebración
            de juicios en la localidad de Alcoy, como era tradicional | 
        
          | §43.
            STS de 11 de octubre de 2000.
            
            ERROR JUDICIAL. Configuración jurisprudencial; no es una nueva
            instancia, ni un claudicante recurso de casación; no permite la
            revisión de todas las actuaciones del litigio, de fondo o de forma,
            según se pretende en el caso | 
        
          | §44.
            STS de 17 de octubre de 2000. JUECES
            Y MAGISTRADOS. Responsabilidad disciplinaria. Infracciones y
            sanciones. Desatención reiterada e injustificada en el ejercicio de
            las competencias judiciales | 
        
          | §45.
            STS de 19 de octubre de 2000. ERROR
            JUDICIAL. Presupone una resolución esperpéntica, arbitraria o
            absolutamente falta de fundamento | 
        
          | §46.
            STS de 25 de octubre de 2000. JUECES
            Y MAGISTRADOS. Cese de magistrado suplente por falta de aptitud e
            idoneidad | 
        
          | §47.
            STS de 26 de octubre de 2000. JUECES Y MAGISTRADOS. La
            lectura del art. 187.2 del reglamento de la Carrera Judicial basta
            para confirmar que no sólo no se opone sino que es fiel correlato
            de lo que resulta del 363.3 LOPJ, por cuanto que aquél se refiere
            al «mejor puesto en el escalafón», y éste a que la suspensión
            definitiva supone la privación de «todos los derechos inherentes a
            la condición de juez o magistrado hasta que en su caso fuere
            reintegrado el suspenso al servicio activo» | 
        
          | §48.
            STJCE de 7 de noviembre de 2000. RECURSO
            DE ANULACIÓN CONTRA LA DIRECTIVA 98/5/CE DESTINADA A FACILITAR EL
            EJERCICIO PERMANENTE DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO EN UN ESTADO
            MIEMBRO DISTINTO DE AQUEL EN EL QUE SE HAYA OBTENIDO EL TÍTULO
            PROFESIONAL. La directiva 85/5/CE al permitir que los abogados
            migrantes ejerzan el Derecho del Estado miembro de acogida no crea
            una diferencia de trato entre abogados nacionales y abogados
            migrantes cuando permite a estos últimos ejercer el Derecho del
            Estado miembro de acogida sin necesidad de justificar que conocen
            ese Derecho. | 
        
          | §49.
            STS de 8 de noviembre de 2000.
            La
            exigencia de responsabilidad disciplinaria no puede interferir en el
            ejercicio funcional de la jurisdicción en trámite ni alterar las
            resoluciones jurisdiccionales que en ese ámbito hayan recaido. Según
            la LOPJ el denunciante puede acudir “en su caso” a la vía
            contencioso-administrativa. La determinación de la legitimación
            del denunciante para acudir a la vía contencioso-administrativa no
            proviene de la LOPJ. La LOPJ no regula directamente la legitimación
            del denunciante para impugnar acuerdos en trámite disciplinario. La
            LOPJ no tiene virtualidad para modificar el régimen procesal sobre
            legitimación que se regula directamente en la LJCA. | 
        
          | §50.
            STS de 13 de noviembre de 2000. DERECHO
            A INDEMNIZACIÓN POR HABER SUFRIDO PRISIÓN PREVENTIVA. Acoge
            la sentencia la que podría ser denominada hermenéutica
            “objetiva” justificada en que los hechos declarados no
            integraban el tipo delictivo originando una absolución por
            inexistencia del hecho delictivo imputado. | 
        
          | §51.
            STS de 15 de noviembre de 2000. ACCESO
            AL INTERIOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE LOS PROFESIONALES DE LA
            INFORMACIÓN CON CÁMARAS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES. Reconocida
            la necesidad de otorgar el máximo amparo a la libertad de información
            y a los medios precisos para obtenerla, sin embargo no se puede
            desconocer el límite que se deriva del principio de que el
            ejercicio de esa libertad no puede alcanzar el extremo de desvirtuar
            sustancialmente el desarrollo del acontecimiento sobre el que se está | 
        
          | §52.
            RTDC de 16 de noviembre de 2000.
            ELEVACION
            DE INFORME AL GOBIERNO POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
            CON LA SUGERENCIA DE QUE SUPRIMA LOS ARANCELES DE LOS PROCURADORES O
            LOS FIJE CON EL CARACTER DE MAXIMOS. Amenaza del Consejo General de
            los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España de
            perseguir y penalizar el incumplimiento sobre aranceles. | 
        
          | §53.
            STS de 20 de noviembre de 2000. El
            servicio activo de los magistrados del Tribunal Supremo es de carácter
            restrictivo respecto del ejercicio de otros cometidos no indicados
            en el estatuto de magistratura de ejercicio que ostentan. | 
        
          | §54.
            STS de 1 de diciembre de 2000. Reconocimiento
            del derecho a cambiar de abogado sustituyendo al de oficio por otro
            de libre designación como integrante del denominado “derecho a la
            defensa adecuada”. Pero esa libertad de designación se halla
            sujeta a condiciones. La primera supone la prevalencia de la
            designación de abogado por ser subsidiaria la defensa ejercitada
            por abogado de oficio y la segunda condición consiste en que la
            solicitud de cambio se efectúe oportunamente y que no sea, por
            tanto, una extemporánea forma de obstrucción procesal. | 
        
          | §55.
            STS de 12 de diciembre de 2000. MINISTERIO
            FISCAL. Nombramiento de fiscales del Tribunal Supremo. En matería
            de nombramiento de fiscales del Tribunal Supremo existe una regulación
            específica, además con rango formal de ley [es el Estatuto orgánico
            del Ministerio Fiscal] cuya aplicación resulta preferente frente a
            cualquier otra que se le oponga, en virtud de la regla de la
            especialidad que rige en las relaciones internormativas. | 
        
          | §56.
            STS de 12 de diciembre de 2000. COLEGIOS
            DE PROCURADORES.—Son organizaciones caracterizada por las notas
            propias de las Corporaciones públicas sectoriales de base
            privada.-- Autonomía financiera. El artículo 36 de la Constitución,
            al establecer que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen
            jurídico de los Colegios profesionales y el ejercicio de las
            profesiones tituladas y que la estructura interna y el
            funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos, da
            soporte al reconocimiento de la existencia de la autonomía
            profesional a través de una organización colegial caracterizada
            por las notas propias de las Corporaciones públicas sectoriales de
            base privada. | 
        
          | §57.
            STS de 30 de diciembre de 2000. Siendo
            distinta la finalidad de la policía de estrados a la que persigue
            la sanción colegial no es posible que se conculque el principio non
            bis in idem. El diferente fundamento de la corrección en la
            “policia de estrados” y de la que se aplica colegialmente las
            hace compatibles. En el primer supuesto el bien jurídico protegido
            es el “buen orden procesal” mientral que con la corrección
            colegial se pretende lograr un trato digno y correcto entre los
            colegiados. | 
        
          | §58.
            RTDC DE 18 DE ENERO DE 2001.
            Supresión
            de la habilitación del abogado para ejercer en una demarcación
            territorial distinta a la del Colegio de Abogados en el que se halla
            colegiado. La habilitación es contraria al derecho de la
            competencia. Un Colegio de Abogados no puede dificultar el ejercicio
            de la profesión a los abogados colegiados en otros Colegios de
            Abogados a través de la exigencia del requisito de la denominada
            habilitación para ejercer dentro del ámbito territorial de su
            demarcación. | 
        
          | §59.
            RTDC DE 22 DE ENERO DE 2001.
            Supresión
            de la habilitación del abogado para ejercer en una demarcación
            territorial distinta a la del Colegio de Abogados en el que se halla
            colegiado. Es contrario al derecho de la competencia que un Colegio
            de Abogados dificulte el ejercicio de la profesión a los abogados
            colegiados en otros Colegios de Abogados provinciales cuando se
            exige el requisito de la denominada habilitación para ejercer
            dentro del ámbito territorial de su demarcación | 
        
          | §60.
            STS DE 30  DE ENERO DE 2001. CONOCIMIENTO
            POR LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL DEL IDIOMA COOFICIAL Y
            DERECHO CIVIL ESPECIAL. La valoración de los conocimientos del
            idioma y del Derecho Civil especial que determinan la acreditación
            por los miembros de la Carrera Judicial del mérito correspondiente
            es técnica, académica o científica y se atribuye a las
            instituciones académicas o culturales por lo que es ajena al CGPJ. | 
        
          | §61.
            STS DE 6 DE FEBRERO DE 2001. ERROR
            JUDICIAL. No existe error judicial cuando lo que se plantea es una
            censura y opinión discordante sobre la interpretación y aplicación
            del ordenamiento jurídico aplicable al caso. | 
        
          | §62.
            STS DE 7 DE FEBRERO DE 2001. Concepto
            de ÁREA METROPOLITANA. El concepto de término municipal o área
            metropolitana son equivalentes y se vinculan con el deber de
            residencia de agentes judiciales, auxiliares y oficiales de la
            Administración de Justicia en el término municipal o área
            metropolitana en la que se ubica el órgano jurisdiccional al que se
            encuentran adscritos. | 
        
          | §63.
            STS DE 7 DE FEBRERO DE 2001. Los
            magistrados del TS constituyen una MAGISTRATURA DE EJERCICIO. La
            denominada magistratura de ejercicio significa que no puede
            ostentarse la cualidad de magistrado del TS sin prestar
            efectivamente la función que tienen encomendada. Los términos
            “magistratura de ejercicio” expresan que solamente puede
            atribuirse la categoría de magistrado del TS a quienes ejercen
            efectivamente en el TS por lo que se exige que la atribución y
            permanencia en la categoría se vincule al destino jurisdiccional
            efectivamente ejercitado en el TS. La exclusión de un régimen de
            comisiones de servicios de los magistrados del TS al margen de lo
            indicado en el artículo 350.3. LOPJ se justifica en evitar al máximo
            lo que pueda objetivamente perjudicar o dejar en entredicho los
            valores de independencia e imparcialidad ante la opinión pública
            buscando que la protección de esos valores sea más ejemplarizante
            en el TS. | 
        
          | §64.
            STS DE 15 DE FEBRERO DE 2001. ERROR
            JUDICIAL. El plazo de tres meses para interposición de la
            correspondiente demanda por error judicial debe contarse desde la
            resolución no susceptible de recurso, sin comprender en ese plazo
            el recurso de amparo constitucional. | 
        
          | §65.
            STS DE 27 DE FEBRERO DE 2001. Las
            relaciones de deontología entre abogados justificadas en el respeto
            y en la evitación de alusiones personales no son en la práctica
            determinantes cuando se pretende justificar la procedencia del
            despido de un abogado de un despacho planteada por otro abogado del
            mismo despacho. La naturaleza de actuaciones que afectan a un
            despido implican acudir a datos, hechos e incluso juicios de valor
            que no es posible considerar atentativos a la dignidad profesional
            ni se pueden postular como desconsideración con otro profesional. | 
        
          | §66.
            STS DE 27 DE FEBRERO DE 2001. IMPARCIALIDAD
            DEL INSTRUCTOR. El derecho constitucional a un proceso con todas las
            garantías exige que estén suficientemente garantizadas por el
            ordenamiento jurídico, tanto la imparcialidad real de los jueces
            como la absolutamente necesaria en una sociedad que descanse, por su
            propia naturaleza, en el libre y racional consentimiento que otorgan
            los ciudadanos a los poderes públicos. Esta garantía de
            imparcialidad no está únicamente concebida a favor de las partes
            procesales, sino fundamentalmente a favor del interés público, por
            lo que también han de tomarse en cuenta los supuestos en que pueda
            existir una “sospecha razonable de parcialidad”. | 
        
          | §67.
            STS DE 28 DE MARZO DE 2001. El
            reglamento orgánico de los CUERPOS DE OFICIALES, AUXILIARES Y
            AGENTES JUDICIALES no es una disposición independiente que permita
            preterir una cobertura legal previa. Esa cobertura la debe aportar
            la LOPJ. Y si no existe en la LOPJ hay que buscarla en la legislación
            general de funcionarios. | 
        
          | §68.STS
            DE 4 DE ABRIL DE 2001. EL
            AFORAMIENTO DE JUECES Y MAGISTRADOS QUE HAYAN COMETIDO HECHOS
            DELICTIVOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS NO JUSTIFICA UN PRIVILEGIO
            NI ES CONTRARIO AL PRINCIPIO ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY.
            MUY AL CONTRARIO LO ACTÚA. EL AFORAMIENTO SE JUSTIFICA NO POR LA
            CONDICIÓN PERSONAL DE QUIEN COMETE UN HECHO PUNIBLE SI NO EN LA
            CONDICIÓN OBJETIVA DE QUE LOS HECHOS PUNIBLES QUE SE IMPUTAN HAN
            SIDO COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONAL. | 
        
          | §69.
            STS DE 4 DE ABRIL DE 2001. El
            juramento o promesa del Procurador ante la Sala de Gobierno del TS u
            órgano de la Audiencia o Juzgado que corresponda, según donde se
            proponga ejercer la procuraduría. ES UNA FORMALIDAD RECLAMADA O
            REQUERIDA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN SIENDO, POR TANTO, LEGE
            DATA QUE HAY QUE CUMPLIR. | 
        
          | §70.
            STSJM DE 4 DE ABRIL DE 2001. RESPONSABILIDAD
            CIVIL DE JUECES Y MAGISTRADOS. Los jueces son únicamente
            responsables cuando actúan con dolo o culpa grave, exigiéndose
            para que surja su responsabilidad que se haya causado un daño con
            malicia, fraude o engaño exigiéndose una infracción manifiesta de
            la ley o una violación frontal de la misma que no obedezca a un
            mero error interpretativo, sino que se ha de tratar de normas rígidas,
            redactadas de manera clara y terminante que no permitan el árbitro
            judicial para su interpretación. | 
        
          | §71.
            STC DE 5 DE ABRIL DE 2001. EL
            DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ES PRESTACIONAL Y DE
            CONFIGURACIÓN LEGAL EN EL QUE SE HA OPTADO POR SU TRASLACIÓN EN
            SEDE ADMINISTRATIVA. ALCANCE DE LAS DENOMINADAS CLÁUSULAS
            SUBROGATORIAS. CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LAS COMISIONES DE
            ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA NO
            ES SOLO GARANTÍA DE LOS INTERESES DE LOS PARTICULARES SINO TAMBIÉN
            DE LOS INTERESES GENERALES DE LA JUSTICIA. ATRIBUCIÓN A LA
            COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DE LAS COMPETENCIAS SOBRE UBICACIÓN
            DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y SOBRE LA
            DESIGNACIÓN DE SUS PRESIDENTES. | 
        
          | §72.
            STS de 2 de julio de 2001.  MAGISTRADOS
            SUPLENTES. Reúnen todos los requisitos para que sean calificados
            como PERSONAL INTERINO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
            JUSTICIA. | 
        
          | §73.
            STS de 17 de julio de 2001. PRUEBAS
            DE ACCESO RESTRINGIDO AL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES. El artículo
            478.2. LOPJ no concreta o determina taxativamente los méritos de
            acceso, pues lo que hace es establecer los criterios generales que
            habrán de configurar los méritos que se establezcan. Es decir,
            acota de manera abstracta la clase y naturaleza de los méritos que
            podrán establecerse, pero no individualiza los conocimientos o
            experiencias que de manera concreta encarnaran esos méritos. | 
        
          | §74.
            AAPM de 10 de septiembre de 2001.
            ACCESOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A JUICIOS Y VISTAS. Va a
            depender de la resolución que adopte el tribunal correspondiente
            atendidas las circunstancias concurrentes. | 
        
          | §75.
            ATS de 27 de septiembre de 2001. DESIGNACIÓN
            DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Se MANTIENE el
            modelo de designación PARLAMENTARIA pero con la novedad de que la
            designación se realiza de entre los PROPUESTOS por las asociaciones
            profesionales de jueces y por los no asociados. En orden a esa
            designación es mínima la intervención del Presidente del Consejo
            General del Poder Judicial. En el trámite de designación de
            vocales del CGPJ la actividad de su presidente tiene tan solo el carácter
            de un acto PREPARATORIO de la decisión final que deba adoptarse en
            sede parlamentaria. VOTO PARTICULAR: La actividad del presidente del
            CGPJ no es tan solo la de realizar un acto preparatorio sino la de
            PREDETERMINAR el ámbito subjetivo sobre el que las Cortes Generales
            han de ejercer su potestad de nombramiento. De lo contrario esa
            predeterminación pasaría a ser competencia de las Cámaras
            legislativas. | 
        
          | §76.
            STS de 4 de octubre de 2001. ANORMAL
            FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOS DE
            PRISIÓN PREVENTIVA. Para que proceda el Estado al pago de la
            correspondiente indemnización por prisión preventiva se ha de
            atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por
            la jurisdicción penal, sin que resulten decisivas las expresiones,
            más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del auto de
            sobreseimiento libre, pues es necesario atender al relato de hechos
            probados y a la valoración de las pruebas realizadas por el juez o
            tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible
            obtener la conclusión de sí se 
            está ante una absolución o auto de sobreseimiento libre por
            inexistencia del hecho imputado o por ausencia acreditada de
            participación o, por el contrario, ante una sentencia absolutoria
            en virtud del principio de presunción de inocencia por falta de
            pruebas. | 
        
          | §77.
            STS de 5 de noviembre de 2001. JUEZ
            PREDETERMINADO POR LA LEY para enjuiciar penalmente a jueces y
            magistrados y miembros del Ministerios fiscal por delitos o faltas
            cometidos en el ejercicio de sus cargos. | 
        
          | §78.
            STS de 13 de noviembre de 2001. La
            denominada “suspensión del curso de los autos” en favor DE LA
            ACTUACIÓN DEL ABOGADO DEL ESTADO HA SIDO RECONOCIDA
            TRADICIONALMENTE Y SE INTEGRA EN UNA DE LAS LLAMADAS ESPECIALIDADES
            PROCESALES DEL ESTADO. | 
        
          | §79.
            SAPV de 23 de noviembre de 2001.
            PROVISIÓN DE FONDOS A ABOGADO: se realiza sin contraer el abogado
            la OBLIGACIÓN DE DESTINARLA A UN CONCRETO DESTINO O FINALIDAD. El
            INCUMPLIMIENTO de los COMETIDOS que surgen de la relación entre
            ABOGADO Y CLIENTE ES CIVIL. NO ES NUNCA PENAL. | 
        
          | §80.
            STS de 30 de noviembre de 2001. El
            carácter TASADO DE LAS CAUSAS DE RECUSACIÓN ES COMPATIBLE CON LA
            NECESIDAD DE QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CONCRETAN Y REGULAN
            ESAS CAUSAS SEAN INTERPRETADAS Y APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LOS
            CRITERIOS Y PAUTAS QUE PERMITEN ACCEDER A LA GARANTÍA DEL JUEZ
            IMPARCIAL. AUSENCIA DE IMPARCILIDAD OBJETIVA DE QUIEN CONOCE A TRAVÉS
            DE RECURSO DE APELACIÓN DE ASPECTOS DE LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL
            CONFORMANDO SU CONVICCIÓN Y LUEGO ES DESIGNADO PARA ENJUICIAR. | 
        
          | §81.
            STS de 10 de diciembre de 2001. LOS
            HONORARIOS DEL ABOGADO PUEDEN SER EXCESIVOS. PERO NO INDEBIDOS
            CUANDO EL ABOGADO HA ACTUADO PROFESIONALMENTE. LA CUANTÍA DE LOS
            HONORARIOS EXCESIVOS SE DETERMINA POR LAS NORMAS ORIENTATIVAS DEL
            COLEGIO DE ABOGADOS DE LA SEDE EN LA QUE SE HALLA EL ÓRGANO
            JURISDICCIONAL. | 
        
          | §82.
            STS de 11 de diciembre de 2001. IMPARCIALIDAD
            OBJETIVA DE JUEZ Y MAGISTRADO en actuaciones que TRAEN CAUSA DE UNA
            INSTRUCCIÓN SUMARIAL: ES PRECISO EXAMINAR LA RECUSACIÓN PLANTEADA
            DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE LOS
            DERECHOS HUMANOS. PREVARICACIÓN JUDICIAL: SUPONE EL RECONOCIMIENTO
            CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL COMO UN PODER DEL ESTADO POR LO
            QUE POSEE UN SIGNIFICADO MUY DISTINTO AL QUE SE PUEDE ATRIBUIR A LA
            PREVARICACIÓN DEL FUNCIONARIO. | 
        
          | §83.
            STS de 17 de diciembre de 2001. RESPONSABILIDAD
            DISCIPLINARIA COLEGIAL DE LOS ABOGADOS: NO ES POSIBLE DESCARTAR QUE
            EL DENUNCIANTE PUEDE ACTUAR COMO PARTE LEGÍTIMA no ya en la vía
            administrativa como también en la jurisdiccional
            contencioso-administrativa. | 
        
          | §84.
            STS de 19 de diciembre de 2001. LAS
            NORMAS DE LOS COLEGIOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES SON MERAMENTE
            ORIENTATIVAS Y NO VINCULAN A JUZGADOS Y TRIBUNALES | 
        
          | §85.
            STS de 28 de diciembre de 2001. ABOGADOS.
            CONTRATO DE SERVICIOS. Se refiere a la prestación de unos servicios
            específicos, los de asesoramiento jurídico que terminan en la
            redacción de un contrato, por lo que no puede venir definido por
            las cuestiones que fueron objeto de estudio | 
        
          | §86.
            AAPCz de 16 de enero de 2002. APLICACIÓN
            DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA 
            GRATUITA: EL 
            RECONOCMIENTO 
            DEL 
            DERECHO 
            DE 
            ASISTENCIA JURÍDICA
            GRATUITA NO SIGNIFICA QUE NO DEBAN ABONARSE LAS COSTAS CAUSADAS | 
        
          | §87.
            STS de 24 de enero de 2002. RESPONSABILIDAD
            DISCIPLINARIA DE JUECES Y MAGISTRADOS POR RETRASO: NO SOLO HA DE
            CONCURRIR EL ELEMENTO OBJETIVO COMO TAMBIÉN EL SUBJETIVO QUE PUEDE
            PONERSE EN CONEXIÓN CON LA TRANSCENDENCIA QUE TENGA LA ACTIVIDAD
            JURISDICCIONAL OMITIDA O RETRASADA | 
        
          | §88.
            STS de 29 de enero de 2002. HORARIO
            DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: PUEDE SER ALTERADO CUANDO NO SE
            PRECISE UNA MODIFICIACIÓN GENERAL DEL HORARIO DE TRABAJO DE TODOS
            LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y RESPONDA A UNA ACTUACIÓN COYUNTURAL
            TRANSITORIA E INCLUSO DE EMERGENCIA | 
        
          | §89.
            STS de 31 de enero de 2002. ESTATUTO
            ESPECIAL DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO. SE COMPONE DE TRES
            ELEMENTOS: LA MAGISTRATURA DE EJERCICIO, UN RÉGIMEN ESPECIALMENTE
            RIGUROSO DE INCOMPATIBILIDADES Y UNA MODIFICACIÓN DE SUS
            RETRIBUCIONES | 
        
          | §90.
            STS de 4 de febrero de 2002. LA
            INTERVENCIÓN DE LOS ABOGADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL IGUAL
            QUE LA DEL ABOGADO DEL ESTADO NO SOLO AFECTA A LA DEFENSA. TAMBIÉN
            COMPRENDE LA REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 
        
          | §91.
            STS de 4 de febrero de 2002. EN
            LA FUNCIÓN INSPECTORA QUE DESARROLLE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
            JUDICIAL NO ES POSIBLE RESOLVER PRETENSIONES DE CONTENIDO
            JURISDICCIONAL | 
        
          | §92.
            STS de 5 de febrero de 2002. LAS
            CORRECCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR LOS TRIBUNALES A LOS
            ABOGADOS EN EL CURSO DEL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES
            HACIENDO USO DE LA POLICÍA DE ESTRADOS ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES
            REVISORAS DE LAS MISMAS NO SON ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS
            SINO RESOLUCIONES JURISDICCIONALES | 
        
          | §93.
            STSJCat de 5 de febrero de 2002. EL
            CARÁCTER DE CUERPO NACIONAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
            ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO SIGNIFICA QUE ESE PERSONAL SE INTEGRE
            EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 
        
          | §94.
            STSJGal de 6 de febrero de 2002. LA
            LIBERACIÓN DE COMETIDOS JURISDICCIONALES EN EL DECANATO SE VINCULA
            A LA SITUACIÓN EN QUE SE HALLE SU TITULAR POR LO QUE NO ES POSIBLE
            QUE EL PERSONAL ADSCRITO AL DECANATO PUEDA QUEDAR LIBERADO DE TALES
            COMETIDOS JURISDICCIONALES Y NO EN CAMBIO SU TITULAR | 
        
          | §95.
            STS de 11 de febrero de 2002.
            LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE JUECES Y MAGISTRADOS PARTICIPA
            DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE OPERAN EN LA EXIGENCIA 
            DE 
            RESPONSABILIDADES PENALES Y ADEMÁS ES UNA RESPONSABILIDAD
            PERSONAL. LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
            JUDICIAL CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS CASOS DE
            RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE
            LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 
        
          | §96.
            STS de 11 de febrero de 2002. LA
            CONSECUENCIA DE LA DURACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A JUECES Y
            MAGISTRADOS POR UN PERIODO SUPERIOR A SEIS MESES NO ES LA 
            DE 
            SU CADUCIDAD NI 
            LA DE LA ANULABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA | 
        
          | §97.
            STS de 11 de febrero de 2002. NO
            ES POSIBLE EL ARCHIVO DE PLANO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LA
            ACTUACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. ES PRECISO LA PREVIA APERTURA DE
            DILIGENCIAS INFORMATIVAS | 
        
          | §98.
            STS de 12 de febrero de 2002. LA
            GARANTÍA DEL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY SE ENCUENTRA
            DESTINADA A ASEGURAR SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA Y SE RESPETA
            CUANDO SON OBSERVADAS LAS NORMAS ORGÁNICAS Y PROCESALES QUE REGULAN
            DE MANERA OBJETIVA Y GENERAL LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO
            JURISDICCIONAL | 
        
          | §99.
            STS de 12 de febrero de 2002. LA
            EXCLUSIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL NO SE
            ENCUENTRA VINCULADA POR LA ACTIVIDAD INSPECTORA QUE CORRESPONDE AL
            CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. LA REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES
            REALIZADAS EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL SÓLO ES
            POSIBLE A TRAVÉS DE LOS RECURSOS QUE LAS LEYES ESTABLEZCAN SIN QUE
            CORRESPONDA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DECLARAR LA
            RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN QUE PUEDAN INCURRIR JUECES Y
            MAGISTRADOS | 
        
          | §100.
            STS de 12 de febrero de 2002. INESCINDIBLE
            INTERVENCIÓN DEL ABOGADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN SU DOBLE CARÁCTER
            DE DEFENSOR Y REPRESENTANTE | 
        
          |  | 
        
          |  |