§65. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL UNO
Doctrina: Las relaciones de deontología entre abogados justificadas en el respeto
y en la evitación de alusiones personales no son en la práctica determinantes
cuando se pretende justificar la procedencia del despido de un abogado de un
despacho planteada por otro abogado del mismo despacho. La naturaleza de
actuaciones que afectan a un despido implican acudir a datos, hechos e incluso
juicios de valor que no es posible considerar atentativos a la dignidad
profesional ni se pueden postular como desconsideración con otro profesional.
Ponente: González
Navarro.
* * *
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A. En este recurso de
casación, que se ha tramitado ante nuestra Sala con el núm. 8034/1996, el
Consejo General de la Abogacía Española impugna la sentencia del TSJ en Madrid
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 9.ª) de 29 May. 1996, dictada en
el proceso núm. 1574/1994. B. En ese proceso contencioso-administrativo, D.
Amador G. V., abogado del Colegio de Madrid, que actúa por medio de
representante procesal, impugnaba los acuerdos de la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados de Madrid, de 8 Oct. 1992, y del Consejo General de la
Abogacía Española de 18 Feb. 1994 (este segundo resolviendo el recurso de
alzada interpuesto contra aquél), que ordenaban el archivo del expediente de información
previa núm. 223/1990, iniciado con ocasión de denuncia formulada por el recurrente
contra D. José María R. M. G., Abogado del mismo Colegio profesional. La
sentencia impugnada precisa el ámbito del debate diciendo, en el párrafo primero
del fundamento segundo, lo siguiente: «la cuestión planteada se centra en
determinar si la carta enviada por el Abogado D. José María R. M. al también
abogado D. Amador G. V., contiene vertidos (sic) que, prima facie,
puedan ser considerados como afrentosos para el recurrente y, en consecuencia,
constitutivos de infracción de las normas deontológicas de su profesión». Dicha
carta --importa adelantarlo ya-- formalizaba la ruptura de una larga relación
profesional en la que, durante 16 años, uno y otro, habían compartido el bufete
del que es titular el denunciado, y en el que, al menos en el momento del envío
de la citada carta, trabajaban otros dos abogados, según resulta del propio
membrete impreso que figura en aquélla. En el fundamento 3.º, y después de citar
los arts. 46, letra c), 107, 114 c) y 115, d) (estos dos últimos con carácter
alternativo), del Estatuto General de la Abogacía, la sentencia impugnada
declara que estamos ante «una conducta que el Colegio debe depurar en el
procedimiento disciplinario correspondiente, aplicando, en su caso, los
institutos (sic) relacionados con la infracción y sanción». Y añade
--todavía dentro de ese mismo fundamento 3.º: «así las cosas, procede la
estimación parcial del recurso, al corresponder al Colegio la incoación del
expediente disciplinario, y la calificación de la infracción, y la graduación
de la sanción; o en su caso, si estima la concurrencia de la prescripción de la
infracción acordar el archivo, oyendo a las partes». Con los datos que acabamos
de transcribir podemos entender la parte dispositiva de la sentencia cuyo texto
es el siguiente: «Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso
contencioso-administrativo formulado por la Procuradora D.ª Alicia Casado
Deleito, en nombre y representación de D. Amador G. V., contra el acuerdo de
fecha 8 Oct. 1992, de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, y
la R 18 Feb. 1994, del Consejo General de la Abogacía Española, debemos
declarar y declaramos que ambas resoluciones son nulas por no ser conformes a
derecho en el sentido declarado en el FJ 3.º de esta sentencia; sin hacer
mención especial en cuanto a las costas». SEGUNDO.- A. Ha comparecido
como recurrente el Consejo General de la Abogacía Española que invoca dos
motivos de casación: 1.º Al amparo del ordinal 3.º art. 95 de la Ley jurisdiccional
por incongruencia omisiva con infracción de la jurisprudencia aplicable a la
prescripción alegada. 2.º Al amparo del ordinal 4.º del art. 95 de la Ley de la
jurisdicción por infracción, por aplicación indebida, de los arts. 46. c) y 114
c) del Estatuto General de la Abogacía española en relación con los aps. 1 y 4
del epígrafe «Relaciones entre los Colegiados», del Código deontológico. B. Ha
comparecido como recurrido D. Amador G. V., el Abogado que figuró como
denunciante en la vía administrativa, y como recurrente en la vía contencioso-administrativa;
el cual --cuando le correspondió hacerlo-- presentó su escrito de oposición al
recurso de casación. TERCERO.- El primer motivo invocado por el Consejo General
--incongruencia por no haberse pronunciado la Sala de instancia sobre la
invocada prescripción de los hechos-- no puede prosperar. Cierto es, como
afirma la parte recurrida en su escrito de oposición, que este problema no se
planteó en la vía administrativa y sí, únicamente, en la contenciosa. Pero ello
no permite concluir que hubo incongruencia, ya que, aun teniendo la
prescripción una base fáctica, estamos ante una mera alegación y no propiamente
ante una cuestión nueva. Sin que, por lo demás, quepa sostener que esa
alegación nueva haya producido indefensión al demandante (que lo era el
denunciante, Sr. G. V.). Pues, incluso prescindiendo de las razones que
invocaba el Consejo General en su contestación a la demanda para fundamentar la
adecuación a derecho de la invocación en ese momento procesal de esa razón
extintiva de la acción, es lo cierto que el entonces demandante, y hoy
recurrido, Sr. G. V., en su escrito de conclusiones, concretamente en el
fundamento 2.º1, folios 108-109 de los autos, contraargumentaba extensamente
sobre este punto. Y hay otra razón --si cabe, todavía más sólida-- que avala la
tesis de la inexistencia de incongruencia en la sentencia impugnada. Razón que
no es otra que la naturaleza misma de lo que hoy se llaman «actuaciones
previas» (art. 69.2 LRJPA) y antes «información reservada» (art. 134.2 LPA),
cuya diferencia con el procedimiento sancionador propiamente dicho ha sido
subrayada por este TS, desde hace tiempo. Así, en la TS S 24 Sep. 1976, se
puede leer ya esto: «(las investigaciones previas) no forman parte del
expediente sancionador, no son propiamente expediente administrativo, sino un antecedente
que la ley faculta a la Administración para llevar a cabo y a la vista de su
resultado acordar lo procedente; esto es, el archivo de las actuaciones o la
orden de incoación del expediente». Se trata, por tanto, de actuaciones que
tienen lugar extramuros del procedimiento sancionador propiamente dicho, cuya
finalidad no va más allá de una apreciación acerca de si, efectivamente, se han
producido o no los hechos de que se tiene noticia, y, en su caso, personas que
hayan intervenido en aquéllos así como las circunstancias concurrentes en la
producción de aquéllos y la intervención de éstas en los mismos, para poder
así, concluir, si hay motivos razonables para iniciar el procedimiento
sancionador. Esto mismo es lo que, con otras palabras, viene a decir el art.
12.1 del Real Decreto (reglamentario) 1398/1993, de 4 Ago.: «Con anterioridad a
la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar
la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en
unos y otros». En definitiva, las llamadas «actuaciones previas» constituyen
una actuación administrativa preliminar y de carácter contingente que trata de
comprobar si prima facie puede considerarse que hay una base seria para
abrir el procedimiento sancionador propiamente dicho. La apreciación de si hay
o no prescripción no constituye materia propia de unas actuaciones previas
porque su comprobación va más allá de una valoración de principio, exigiendo,
además, una precisión en los datos que normalmente no se puede tener en ese
momento. Establecido cuanto se acaba de decir, debemos concluir que la Sala de
instancia no ha incurrido en incongruencia en este caso: de una parte porque no
ha omitido ni dejado de lado el problema, antes al contrario, lo ha abordado de
frente siquiera sea para declarar que es la Administración colegial quien debe
pronunciarse sobre este tema; de otra parte, porque la solución que ha dado --
remitir la apreciación de si hay o no prescripción al procedimiento
administrativo sancionador que ordena abrir-- es razonable, no sólo porque la
apreciación de la existencia de prescripción no es materia propia de una
actuación previa, según hemos dicho, sino porque al decidir, como lo ha hecho,
que procedía abrir el procedimiento sancionador, no tenía sentido que hubiera
cercenado ab initio las potestades del órgano administrativo declarando
que no existía prescripción, cuando muy bien podría ocurrir que nuevos datos
obtenidos durante la instrucción del procedimiento podrían luego llevar a una
solución contraria. Cosa distinta sería si la Sala de instancia hubiera tenido
que pronunciarse sobre el fondo, cosa que no ha hecho. Por todo ello, el motivo
debe rechazarse y nuestra Sala lo rechaza. CUARTO.- A. En el motivo
segundo la organización colegial recurrente considera infringidos los arts. 46
c) y 114 c), y los aps. 1 y 4 del epígrafe «Relaciones entre los colegiados»
del Código deontológico. Conviene empezar por transcribir esos preceptos: Art.
46 c) del Estatuto de la Abogacía. «(Son deberes del abogado): c) guardar,
respecto a los compañeros de profesión, las obligaciones que se deriven del
espíritu de hermandad que entre ellos debe existir, evitando competencias
ilícitas y cumpliendo los deberes corporativos». Art. 114 c) del Estatuto de la
Abogacía. «(Son faltas graves): c) los actos de desconsideración manifiesta
hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional». Aps. 1 y 4
del epígrafe «Relaciones entre los Colegiados» del Código Deontológico. «1.
Entre los Abogados debe haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco que
enaltezcan la profesión, evitando siempre competencias ilícitas así como toda
actuación que lesione estos principios y siempre con cumplimiento de los
deberes corporativos [...] 4. En los escritos judiciales, como los informes
orales y cualquier comunicación escrita u oral, el Abogado mantendrá siempre el
más absoluto respeto al compañero de la parte contraria, evitando toda alusión
personal». B. Teniendo muy presente los términos en que la sentencia impugnada
centra el debate (fundamento 1.º, citado) --repetimos: determinar si el
contenido de la carta es reprochable conforme a las normas colegiales-- importa
dejar constancia de estos dos datos que pueden orientar la solución al problema
que nos ocupa. Son éstos: a) Ha habido actuaciones penales, en virtud de
querella interpuesta por el Sr. G. V., primero ante el Juzgado de Instrucción
núm. 22 de Madrid en el procedimiento abreviado (diligencias previas núm.
4742/1990), y después ante la AP Madrid, Secc. 17.ª, por delito de calumnia e
injuria, presuntamente cometidas por el denunciado, Sr. R. M. La AP Madrid,
Secc. 17.ª en 15 Mar. 1991, confirmó el auto del Juzgado que inadmitió a
trámite la querella. Importa subrayar --como lo hizo ya el Consejo general en
la resolución de que trae causa este pleito-- que la Audiencia Provincial, en
la fundamentación de su auto, dijo esto: «En el caso sometido a examen, parece
claro que únicamente se ha utilizado la polémica carta de despido como
antecedente documental de una queja tramitada en el ámbito colegial
profesional, y redactada con comedimiento, aunque revestida de esa cierta dosis
de acritud, acaso inevitable en una reclamación de este tipo». b) Otro dato que
tampoco conviene olvidar es que, no sólo es que la Audiencia Provincial
consideró que estamos ante una carta de despido, es que la Magistratura de Trabajo,
en S 27 Jul. 1988, que figura en las actuaciones judiciales, lo entendió
también así, y, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción
alegada por el Sr. R. M., le condenó --en cuanto titular de la empresa, o sea
del despacho profesional-- a readmitir al demandante o, alternativamente y a
elección de la empresa, o indemnizarle en la cantidad de 16.203.037 ptas. y al
pago de los salarios dejados de percibir. C. Es ahora cuando estamos en
condiciones de abordar el problema de fondo planteado. Son varias las razones
por las que nuestra Sala entiende que el motivo debe ser estimado: a) Por lo
pronto, y como pone de relieve el Consejo General en su recurso, es claro que
estamos ante una carta de despido. Esto lo reconoce el propio denunciante
--recurrido en este recurso de casación--, lo dijo la Magistratura, lo concede
incluso, en su misma carta, el denunciado, y lo tuvo en cuenta también la
Audiencia provincial al confirmar el auto que inadmitía la querella (cfr.
fundamento 1.º). Unanimidad, pues, en este punto. Pues bien, lo que la
sentencia impugnada deja de lado --y el Consejo General llama la atención sobre
ello en su recurso de casación-- es precisamente esto: que estamos ante una
carta de despido. Muy difícil resulta que en una carta de esta naturaleza pueda
justificarse la procedencia del despido sin imputar determinadas actuaciones
que, casi nunca podrán ser expresión de un comportamiento laboral que pueda calificarse
de ejemplar. Como dice --y dice bien-- el Consejo General en su recurso, «el
abogado-parte, como las partes no abogados o los abogados que actúan por cuenta
de un cliente, pueden, obviamente, excederse en sus expresiones orales o
escritas, de forma innecesaria para la defensa del interés que se le ha
encomendado o del propio interés. Ello sí implicaría reproche disciplinario».
Pero no es este el caso y, desde luego, incluso la AP Madrid, al confirmar el
auto que denegó la admisión a trámite de la querella, declaró terminantemente
que la carta del Sr. R. M. no se había excedido en sus expresiones, antes al
contrario, estaba «redactada con comedimiento». De admitir la interpretación
rigorista que late en la sentencia impugnada, el abogado titular de un despacho
que despide a otro abogado contratado por él le resultaría muy difícil, por no
decir que le sería prácticamente imposible, justificar la procedencia de un despido
sin incurrir en sanción disciplinaria. Lo cual, no sólo sería absurdo, sino que
sería contrario a la naturaleza de las cosas. Y, sin embargo, esa es precisamente
la interpretación de la normativa colegial que, en definitiva, viene a postular
el denunciante (aquí recurrido) y también la que implícitamente está aceptando
la sentencia impugnada. Interpretación que, porque es contra la naturaleza de
las cosas, es rechazable y nuestra Sala la rechaza. b) Pero hay también otro
argumento para considerar antijurídica la sentencia impugnada. Y sobre ello
pone también el acento el Consejo General en su recurso de casación. Porque la
Sala de instancia dice en su sentencia --fundamento 3.º, párrafo 4.º-- que «no
se puede alegar que son meras desavenencias entre abogados en su esfera
privada, sino que la conducta denunciada constituye un acto de agravio (por
error, la sentencia dice "desagravio", pero es claro que quiso decir,
según hemos transcrito rectificando el lapsus, "agravio") profesional
de un compañero, que ha excedido de los límites internos de la relación entre
ambos abogados». Tenemos que dar nuevamente la razón al Consejo General cuando
afirma en su recurso de casación que: «El ejercicio de acciones judiciales
contra otro compañero, sea imputándole un delito, hechos causantes de
responsabilidad civil profesional, o denunciando su conducta como contraria a
la deontología profesional ante los órganos colegiales o como en el caso que
nos ocupa, causas de resolución de una relación profesional, implicará siempre
y necesariamente que quede afectada la reputación y el honor profesional del
abogado imputado, demandado o denunciado pero obviamente ello no puede implicar
responsabilidad disciplinaria del acusador demandante o denunciante». Y dice
también: «en estos supuestos corresponderá a los Tribunales resolver (y en este
caso lo ha hecho un Tribunal Penal: la AP Madrid) sobre la conformidad o no a
derecho de tales imputaciones o acusaciones, pero los abogados constituidos en
partes actúan como partes, no como abogados y no se les puede imponer más
limitaciones en su actuación que a quien no sea abogado (salvo la mediación
previa del Decano)». Nótese de paso que la calumnia y la injuria que en su
querella imputaba al denunciante son delitos contra el honor (cfr. rúbrica del
Título XI del CP), y la Audiencia provincial dijo en su sentencia (cfr. folio
104 del expediente administrativo en el que figura copia de esta sentencia) que
«no existían indicios de conducta delictiva, por ausencia del ánimo de ultraje
requerido como elemento subjetivo del injusto lo mismo del delito de injuria
que del de calumnia». De este parecer es nuestra Sala: no se puede hacer de
peor condición a los abogados titulares de un despacho profesional que a
cualquier otro empresario. El titular de un despacho profesional puede tener
--y de hecho tiene en muchísimos casos-- colaboradores que son, como él,
abogados, que actúan en un bufete que suele ostentar el nombre del titular,
teniendo la relación de dependencia respecto a ese titular muy variado perfil,
según los casos (no consta a nuestra Sala la que concretamente ligaba al
denunciante con el denunciado). A poco conocimiento que se tenga del mundo
abogacil, se sabe que, no pocas veces, la dependencia es más formal que real,
que los asuntos los lleva --e incluso, a veces, también los firma-- el abogado
del bufete con el que el cliente se relaciona. Hay relación laboral --puesto
que así lo dice la jurisdicción del ramo-- con el titular del despacho, pero
con las peculiaridades del desarrollo de una colaboración profesional también.
Mas estas peculiaridades no privan al empleado-abogado de tener que recoger en
una carta de despido --así se denomina por la jurisdicción social-- las causas,
razones y circunstancias que aconsejan al mismo prescindir de esa colaboración
con ruptura del nexo laboral que la unía y si esa carta tiene esa motivación,
el que en ella se puedan contener datos, hechos e incluso juicios de valor
tendentes a poner de relieve la bondad de la resolución contractual de la
relación laboral mantenida no cabe entenderlo atentatorio a la dignidad profesional,
ni una desconsideración con otro profesional máxime cuando por la Jurisdicción
penal, al valorar su contenido desde el plano estrictamente punitivo, señala
que la carta --de despido, repetimos-- está redactada con comedimiento aunque
revestido de cierta dosis de acritud. c) Y hay más. Porque es evidente --como
subraya el Consejo General-- que el sintagma «ejercicio de la actividad
profesional» que emplean los arts. 46 c) y 114 c) del Estatuto General no cubre
la relación laboral que puede mediar entre el titular de un despacho
profesional y los abogados que en él trabajan. Y porque es igualmente líquido
que por ninguna parte se ve que, en el caso que nos ocupa, se haya dado esa
«competencia ilícita» de que hablan los arts. 46, c) del Estatuto de la
Abogacía y el correlativo de las normas deontológicas. D. Todo lo cual implica
que --a diferencia de lo que ha ocurrido con el motivo primero--, el segundo
debe ser estimado y así lo declara nuestra Sala. Con lo que el recurso mismo de
casación debe serlo también, y casada la sentencia impugnada. QUINTO.- Lo
anterior supone que estamos en el supuesto del art. 102.1 LJ por lo que, en
esta misma sentencia nuestra, debemos dictar sentencia sustitutoria de la
anulada. En consecuencia, y por las mismas razones que han quedado expuestas en
el fundamento precedente, hay que tener por desestimado el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Amador G. V. contra la resolución del Consejo General de la
Abogacía Española de 18 Feb. 1994, que confirmó, en alzada, el acuerdo del
Colegio de Abogados de Madrid, de 8 Oct. 1992, las cuales han de ser tenidas por
válidas y eficaces por ser ajustadas al ordenamiento jurídico. Cierto es que en
ese proceso se planteaba también el problema de la posible prescripción de las
infracciones imputadas. Pero, como quiera que la propia mecánica del recurso de
casación nos ha obligado a analizar directamente el problema de fondo pues la
alegación de incongruencia hubo que desestimarla, y ese análisis ha desembocado
en la declaración desestimatoria del recurso en cuanto al fondo, resulta
innecesario abordar ese problema, al entender que la conducta analizada no
puede recibir reproche normativo colegial. SEXTO.- En cuanto a costas de
este recurso de casación, y en virtud de lo dispuesto en el art. 102.2 LJ, al
no apreciarse mala fe en ninguna de las partes, cada una de ellas pagará las
suyas. Sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las causadas
en la instancia.
FALLAMOS
PRIMERO.- Hay lugar al recurso de
casación formalizado por el Consejo General de la Abogacía Española contra la
sentencia del TSJ en Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 9.ª),
de 29 May. 1996, dictada en el proceso núm. 1574/1994. SEGUNDO.- En
consecuencia, debemos anular y anulamos dicha sentencia y en su lugar decimos:
que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo
núm. 1574/1994, interpuesto ante el TSJ en Madrid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Secc. 9.ª) por D. Amador G. V. contra acuerdo del
Consejo General de la Abogacía Española de 18 Feb. 1994, que confirmó en alzada
el acuerdo de 8 Oct. 1992, acuerdos que son conformes al ordenamiento jurídico.
Sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas
en dicho proceso. TERCERO.- En cuanto a las costas de este recurso de
casación, cada parte abonará las suyas. Lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.--Sr. Hernando Santiago.--Sr. Mateos García.--Sr. Xiol Ríos.--Sr.
Peces Morate.--Sr. Sieira Míguez.--Sr. Lecumberri Martí.--Sr. González Navarro.