§293. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL UNO. Comentario de Antonio María Lorca Navarrete
Roj: SAP BI 3120/2001
Id Cendoj: 48020370052001100348
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Bilbao
Sección: 5
Nº de Recurso: 625/1996
Procedimiento: CIVIL
Ponente: MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
Doctrina: ¿EL DERECHO A INSTAR LA TASACIÓN DE COSTAS DERIVA DE LA EXISTENCIA DE UNA PREVIA RESOLUCIÓN EN QUE SE LE RECONOCE TAL DERECHO? ¿SE ESTABLECE COMO REQUISITO PREVIO A INSTAR LA TASACIÓN QUE LA PARTE QUE TIENE DERECHO A ELLA SE DIRIJA PREVIAMENTE A LA PARTE CONTRARIA?
Preceptos de la ley de enjuiciamiento civil 1/2000 aludidos por el Ponente: ARTÍCULO 242 DE LA LEC
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La representación de D. Ernesto impugna la tasación de costas y solicita que se declare indebida la minuta del Letrado Sr. Marco Antonio porque con carácter previo a instar la tasación, de acuerdo con la norma décima de Honorarios del Consejo Vasco de la Abogacía se tendría que haber comunicado al Abogado de la parte contraria el importe de los honorarios, imponiendo tácitamente el artículo 242 de la vigente L.E.C. que la parte obligada al pago conozca su importe de antemano, siendo necesario para apreciar morosidad en el cumplimiento de cualquier obligación exigible la reclamación previa. Dichas alegaciones deben rechazarse pues habiéndose dictado por la Sala, mediante sentencia de fecha 10 de enero de 2001 resolución en la que se imponían las costas del incidente de impugnación de la
tasación de costas, a la parte que ahora impugna de nuevo la tasación, el que la parte que ha solicitado la practica de la tasación de costas no haya seguido los trámites de la norma décima de honorarios, del Consejo Vasco de la Abogacía, no convierte dicha minuta en indebida, aunque pueda constituir una falta de cortesía entre profesionales, pero ajena totalmente a esta impugnación, y sin que resulte admisible la interpretación que la parte condenada en costas realiza del artículo 242 de la LEC, pues dicho precepto no establece como requisito previo a instar la tasación que la parte que tiene derecho a ello se dirija previamente a la parte contraria, derivando su derecho a instar la tasación de la existencia de una previa resolución en que se le reconoce tal derecho. Procede por todo lo expuesto desestimar la impugnación formulada y aprobar definitivamente la tasación de costas practicada en su día. SEGUNDO.- En cuanto a las costas de este incidente, procede su imposición al impugnante a tenor de lo dispuesto en el vigente artículo 394 párrafo 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
COMENTARIO:
Vamos a ver. Resulta obvio, que, técnicamente, las costas (2000. Tratado de Derecho procesal civil. Parte general., cit., pág. 799) son los gastos de la instancia procesal, que son susceptibles de ser tasados o incorporados en concretas partidas para su pago (Tit. VII, Libro I LEC). Lo único que sucede es que la “tasación de costas” sólo tiene lugar cuando el obligado a su pago -tanto en la instancia a quo como ad quem- no procede a su pago voluntariamente.
Ha alcanzado, entonces, gozosa notoriedad -sobre todo para “algunos”- la secuencia consistente en que, en tales casos, se provoca la inclusión de los gastos de la instancia procesal -que son susceptibles de ser tasados o incorporados en concretas partidas para su pago (Tit. VII, Libro I LEC)- en las correspondientes partidas para ser tasadas y, posteriormente, devengadas a favor de quienes son reconocidos titulares de los derechos a devengar.
En presencia de tan provechoso reconocimiento, el obligado al pago de las costas una vez tasadas es siempre la contraparte condenada en la instancia procesal. En otro caso, esto es, cuando no se produzca condena en la instancia, cada parte asume los gastos propios y los comunes por mitad.
De entrada, pues no parece lógica la secuencia que nos relata la ponente HUERTA SÁNCHEZ consistente en que “la representación de D. Ernesto impugna la tasación de costas y solicita que se declare -¡ojo!- indebida -énfasis mío- la minuta del Letrado Sr. Marco Antonio porque con carácter previo a instar la tasación -énfasis mío-, de acuerdo con la norma décima de Honorarios del Consejo Vasco de la Abogacía se tendría que haber comunicado al Abogado de la parte contraria el importe de los honorarios, imponiendo tácitamente el artículo 242 de la vigente L.E.C. que la parte obligada al pago conozca su importe de antemano, siendo necesario para apreciar morosidad en el cumplimiento de cualquier obligación exigible la reclamación previa” -énfasis mío-.
Pero, bueno ¿qué nos queda? Pues que, según la ponente HUERTA SÁNCHEZ, “el que la parte que ha solicitado la practica de la tasación de costas no haya seguido los trámites de la norma décima de honorarios, del Consejo Vasco de la Abogacía, no convierte dicha minuta en indebida, aunque pueda constituir una falta de cortesía entre profesionales” -énfasis mío-. Y ¿por qué? Sigo de nuevo el denuedo de la esforzada ponente HUERTA SÁNCHEZ. Porque no resulta “admisible la interpretación que la parte condenada en costas realiza del artículo 242 de la LEC, pues dicho precepto no establece como requisito previo a instar la tasación que la parte que tiene derecho a ello se dirija previamente a la parte contraria, derivando su derecho a instar la tasación de la existencia de una previa” -énfasis mío-.
Mi atención, por tanto, no soslaya, ahora, esa controvertida parcela relativa a la tasación de costas en la que, las “florituras de la cortesía” -a las que parece responder la aludida norma décima de honorarios del Consejo Vasco de la Abogacía-, ceden ante el segmento legislativo destacado más arriba. Admitido esto, habrá que convenir que, cuando se trata del devengo no voluntario de las costas procesales, “experimentos”, como a los que parece responder la aludida norma decima de honorarios del Consejo Vasco de la Abogacía, sólo los legalmente admitidos.
Bibliografía consultada:
A. M.ª Lorca Navarrete. Tratado de Derecho procesal civil. Parte general. El nuevo proceso civil. (Con CD-ROM como apéndice documental en el que se contiene el Anteproyecto de Ley procesal civil, Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento civil, Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento civil, Comparecencias en la Comisión de Justicia de diversas personas para informar del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil, Tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil [Congreso de los Diputados y Senado] y texto íntegro de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil) Editorial Dykinson. Madrid 2000
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Antonio María Lorca Navarrete
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