Efe. 20/02/2016
El jurado del juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco ha declarado culpables de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a Montserrat González, a su hija, Triana Martínez, y a la policía local Raquel Gago.
Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el fiscal del caso, Emilio Fernández, ha reclamado 22 años de cárcel para Montserrat González y los mismos para su hija: 19 por el asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y 3 por tenencia ilícita de armas.
En el caso de Raquel Gago, el fiscal ha rebajado la petición de pena a 12 años por los mismos delitos, aunque ha tenido en cuenta alguna de las atenuantes planteadas por su defensa.
Las deliberaciones del jurado comenzaron a las 13.00 horas del pasado miércoles, 17 de febrero, por lo que han sido necesarias tres jornadas completas para alcanzar un veredicto que está basado en las 84 preguntas relacionadascon el crimen que les trasladó el presidente del tribunal,
Carlos Álvarez.
El primero de los hechos justiciables sobre los que han debido pronunciarse los miembros del jurado es sobre la muerte de Isabel Carrasco, en la que concurre la circunstancia de alevosía por haber sido causada por la espalda y sin que la víctima tuviera la mínima oportunidad de defenderse.
También sobre la realización de un asesinato a una autoridad, debido a que Isabel Carrasco era la presidenta de la Diputación de León, lo que constituye el delito de atentado agravado con el uso de arma de fuego, y la posesión de dos armas de fuego, a las que se había borrado el número de serie, para cuya posesión no tenían licencia las acusadas, lo que constituye un delito de tenencia ilícita de armas.
Para declarar culpable a las acusadas eran necesarios siete de los nueve votos del jurado, mientras que para considerarlas no culpable tan sólo hacían falta cinco votos.
Una vez conocido el veredicto, en el plazo de una o dos semanas, el magistrado-presidente emitirá una sentencia con las penas que impone a las acusadas que resulten condenadas.
