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Rapidez en la resolución del problema, puesto que el arbitraje se tramita en un corto espacio de tiempo. Según el Reglamento de la Corte Vasca de Arbitraje, los procesos deben terminarse en un plazo de tiempo inferior a cuatro meses en general, y en tres meses en controversias sobre arrendamientos urbanos. Eficacia, porque se resuelve a través de un laudo, sin tener que recurrir a la vía judicial. El laudo que pronuncia el árbitro despliega los mismos efectos que la sentencia de un Juez o Magistrado. Economía, porque los gastos siempre son menores a los de un proceso judicial. Garantía, los años de existencia ininterrumpida de la Corte Vasca de Arbitraje avalan nuestro trabajo. Ejecutividad, porque los laudos dictados son de aplicación obligatoria, exactamente igual que una sentencia de un Tribunal de Justicia estatal. Profesionalidad, honestidad y experiencia en nuestros laudos arbitrales, servicios, resoluciones y gestiones.
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